En Madrid a 10 de junio de 2021
La Plataforma 7N contra las violencias machistas reclama al Gobierno que se resuelva de urgencia la petición de indulto a favor de Juana Rivas y se suspenda la orden de su ingreso en prisión dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada en virtud del art. 4.1 del Código Penal por estar en trámite dicha petición de indulto.
De la misma manera, reclamamos que el Estado español realice las acciones pertinentes en relación al próximo juicio sobre la custodia de sus dos hijos que tendrá lugar en Italia durante el mes de Julio para que se evite el uso del falso síndrome de alienación parental aplicado en este caso y se investiguen los indicios de violencia machista ejercida sobre los dos niños y se escuche a los menores, en virtud de la aplicación de la reciente Ley Orgánica 8/2021 de 4 de Junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, recién publicada en el BOE (BOE-A-2021-9347), y de las normativas internacionales, especialmente de la Cedaw y del Convenio de Estambul.
Juana Rivas es una víctima reconocida de violencia de género, y sus actos están motivados por la protección de sus hijos ante indicios de violencia. Dicha protección es responsabilidad de las instituciones de nuestro Estado que deberían velar por su seguridad, pero no sólo no se ha brindado una protección suficiente por nuestras instituciones, sino que el sistema judicial ha castigado a Juana Rivas por tratar de defender a sus hijos, castigando con ello también a los dos menores al separarlos de su madre.
Expresamos una profunda preocupación por las constantes sentencias injustas de casos similares donde el sistema judicial de nuestro país aplica el mecanismo del falso síndrome de alienación parental, invisibiliza la violencia machista, no se investigan los abusos sexuales y el maltrato a menores y las madres dejándolos en desamparo, y castiga a las madres protectoras con medidas coactivas y arrancamientos de niñas y niños de sus madres a las que retiran las custodias y hasta la patria potestad. Hay muchos casos conocidos y miles de mujeres con sus hijas e hijos en situaciones similares que están invisibilizados por el sistema.
El Pacto de Estado contra la violencia machista, el CGPJ y la reciente Ley de infancia rechazan el uso del falso SAP. Igualmente el comité de los derechos del niño de Naciones Unidas, y la Relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer resaltó el alto índice de utilización de este constructo sin aval científico en la justicia de nuestro país, y recientemente solicitó a España medidas ante el caso de Irune Costumero, algo que tampoco ha tenido respuesta. También recordó que España ya fue condenada en 2014 por el caso de Ángela González Carreño sin que hasta la fecha se hayan adoptado muchas de las medidas propuestas.
No es admisible que en un estado de derecho se vulnere el derecho fundamental al acceso a la justicia, a un proceso judicial con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y no se apliquen las medidas de protección derivadas de las regulaciones de protección ante la violencia de género y la infancia, más aún cuando se trata de personas especialmente vulnerables como son los menores y que nuestra legislación reconoce como víctimas directas de la violencia machista.
Nuestras instituciones abandonan a muchas mujeres y menores que solicitan protección ante la violencia machista y les condena a vivir en el desamparo y en una constante situación de riesgo que trae consigo mucho sufrimiento y a veces conlleva un desenlace terrible como el asesinato. Además el sistema judicial castiga a las madres por el hecho de proteger a sus hijas e hijos, una protección que les ha negado el Estado, y castiga también a las niñas y niños entregándolos a sus abusadores sexuales y maltratadores, dando lugar a un sistema castigador, cómplice y ejecutor de la violencia machista cuando su finalidad debería ser la de velar por la protección y seguridad de las víctimas que piden y esperan justicia para ellas y para sus hijas e hijos.
Desde la Plataforma 7N contra las violencias machistas reclamamos que se ponga fin a la violencia institucional y la impunidad de este sistema de desprotección hacia las mujeres y sus hijas e hijos, y reclamamos:
- Indulto a favor de Juana Rivas y su no ingreso en prisión. Medidas para investigar la violencia ejercida sobre ella y sus hijos con la consiguiente restauración de la custodia a favor de la madre, y medidas de protección ante el maltrato.
- Medidas de prevención y de investigación frente a la violencia machista. Medidas de protección y de restauración de casos análogos.
- Regulación específica de la violencia institucional, con especial atención a la cometida por los agentes judiciales, con medidas que pongan fin a la impunidad de sus actos.
